La toga en las urnas

- Cristian Sánchez©

México ha decidido echar a la suerte de las masas lo que alguna vez se llamó justicia. La nueva reforma judicial —envuelta en las cintas doradas del “poder del pueblo”— propone que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. El sueño democrático llevado al extremo: convertir el tribunal en una tarima, y al magistrado en un candidato. Como si la imparcialidad pudiera nacer del aplauso. Como si la ley pudiera escribirse con pancartas.

Y aquí, el eco del doctor Miguel Ayuso resuena con una inquietante lucidez: el fundamentalismo democrático, ese que convierte al pueblo en el único soberano y a su voluntad en dogma, no es una celebración de la libertad, sino el prólogo de su degradación. Porque cuando todo es electivo, todo es susceptible al capricho, a la emoción, a la manipulación. Elegir un juez como se elige un alcalde es como elegir un cirujano por sorteo: un gesto popular, sí, pero también un suicidio colectivo.

Lo que ha hecho México no es democratizar la justicia, sino abrir sus puertas a la demagogia. Ya no se escoge al más sabio, sino al más simpático. No al más justo, sino al más mediático. Y ese es el problema de creer que la democracia, por el solo hecho de serlo, es virtuosa. Porque una cosa es el sufragio como mecanismo de participación, y otra, muy distinta, el voto como tótem incuestionable. Cuando la elección se convierte en el único valor, incluso la verdad se vuelve electiva.

Y, por supuesto, no hay democracia sin pueblo, pero tampoco hay justicia sin distancia. La toga debe estar lejos del griterío, del mitin, de la consigna. La toga no puede ondear como bandera partidista. La justicia necesita silencio, serenidad, y una dosis saludable de elitismo técnico: porque juzgar no es representar, es resistir.

Colombia, que no ha sido ajena a las tentaciones de lo electoral, haría bien en mirar este experimento mexicano como lo que es: un espejo de advertencia. Aquí, con todos los defectos, la justicia aún se viste con cierta dignidad. Y aunque las elecciones por ternas, las cuotas partidistas y las influencias políticas no sean precisamente modelos de pureza institucional, al menos hay una distancia —frágil pero real— entre el juez y el aplauso.

La Corte Constitucional, a pesar de sus vaivenes ideológicos, ha representado, durante años, esa reserva ética e interpretativa del Estado de Derecho. Pero incluso ella ha sido presa del reloj político: magistrados por períodos de ocho años, sujetos a ciclos de poder y a expectativas de retribución. ¿Qué habría pasado si, como en la Corte Suprema de Estados Unidos, nuestros jueces constitucionales hubieran permanecido en sus cargos hasta la jubilación o la muerte? Tal vez hubiéramos ganado algo más que estabilidad: habríamos ganado coraje interpretativo, libertad institucional, independencia de largo aliento.

Pero esa es una lección que parece olvidarse cada vez que se idolatra la elección como panacea. Democratizarlo todo es, a veces, arruinarlo todo. Porque cuando el pueblo lo elige todo, hasta la justicia termina siendo populista.

Y no hay justicia populista. Solo hay espectáculo judicial.